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La AGEESP ha tratado siempre de buscar temas de actualidad a la hora de celebrar sus jornadas, intentando conjugar el interés académico con el social. Este año se ha optado por la hacienda local, recientemente reformada y, por lo que se sabe, próxima a alguna modificación adicional. El recurrente Pacto Local, a su vez, cuyo diseño y plasmación sigue un camino espasmódico, está de nuevo en el escenario, esperando decisiones imprescindibles que atribuyan contenido competencial y financiero al tercer escalón territorial de España, dibujando un renovado marco normativo de referencia. Por todo ello, creo que la elección ha sido acertada, complementándose con una notable participación de investigadores jóvenes, lo cual habla tanto de la potencialidad de nuestra disciplina, como del generoso esfuerzo de unos profesores que viven con incertidumbre los presentes avatares de la Universidad.

A pesar del carácter bifronte del Estado español respecto a las haciendas locales, las Comunidades Autónomas han venido comportándose como autistas en esa relación. El gobierno central, en su día, atendió determinadas reivindicaciones municipales y así amplió sus competencias o las definió más precisamente. Pero nuestro nivel intermedio de gobierno, en general, ha hecho oídos sordos a más de cincuenta reivindicaciones que les planteó la Federación Española de Municipios y Provincias. Quizá por todo ello es hoy bastante compartida la idea de que las administraciones locales deben dejar de ser las grandes olvidadas de la profunda descentralización vivida en el país. 

La financiación de los entes locales es una cuestión medular de cualquier reflexión que sobre las mismas se realice. Los trabajos que siguen, aunque tienen un carácter misceláneo, recorren un camino perfilado en torno a problemas financieros y de organización.

El profesor Álvarez Corbacho expone en su “paper” una metodología para estimar y analizar un conjunto de variables presupuestarias y financieras, al objeto de aproximarse a la solvencia financiera de los municipios. Se trata del procedimiento seguido por el órgano autonómico de control externo –Consello de Contas–, al que el Dr. Álvarez pertenece en calidad de Consejero, utilizando una muestra que incluye ayuntamientos de población desigual y signo político diverso.

Una contribución centrada en problemas de organización institucional y del espacio es la que hace Ramón Barberán, al valorar desde la perspectiva del federalismo fiscal la comarcalización de Aragón, poniendo el acento en los efectos potenciales sobre la eficiencia. Entre el conjunto de conclusiones del trabajo, probablemente la más general es la que afirma que el diseño comarcal acometido se compadece mal con las expectativas creadas, debiéndose haber llevado a cabo, en sus palabras, con más mesura.

Mª Pilar Blanco, Diego Gómez, Alfredo Iglesias y Agustín García reflexionan sobre la reforma local en el marco de la estabilidad presupuestaria, a través del caso de Castilla-La Mancha, tomando en consideración sus peculiaridades geográficas, físicas y poblacionales. Su análisis aborda la incidencia del nuevo modelo de financiación local sobre la vertebración económica y social de la región, valorando también su impacto desde el punto de vista de la política de desarrollo regional.

La financiación de las grandes ciudades es el tema elegido por Nuria Bosch. Los gastos de capitalidad y suplencia, la población flotante y otros múltiples factores vuelven a estas jurisdicciones deudoras de compensaciones financieras y/o de un régimen fiscal específico, haciendo la profesora Bosch una serie de propuestas en este sentido, tras analizar la situación española y comparada, con referencia a otros países de la OCDE.

La hacienda local española en su perspectiva comparada es el tema de la contribución de David Cantarero, que gira en torno a la reforma de 2002 y al “modelo escandinavo”, poniendo de relieve la necesidad de conectar la financiación local y autonómica y propugnando una segunda descentralización.

Roberto Fernández dedica su estudio a los pactos internos de estabilidad, como adaptación del PEC a los estados miembros de estructura federal, incluyendo el caso español. Utilizando simulaciones,

tras distribuir el objetivo general de déficit entre los tres niveles de gobierno, realiza una propuesta compatible con un cierto grado de endeudamiento en los gobiernos subcentrales.

Un estudio sobre el endeudamiento de los gobiernos locales es la aportación de Roberto Fernández, Mª Angeles García, David Cantarero y Marta Pascual. Sabido es que la aprobación de la Ley de Estabilidad Presupuestaria ha encendido las luces de alarma de los gobiernos subcentrales,

si bien la sanidad financiera de los municipios españoles no es, en general, mala. Acuden también los autores a un modelo econométrico, con aplicación a los concejos asturianos, lo que les permite concluir, entre otros resultados, que el recurso al crédito se ve influenciado por la población de derecho y la proximidad a los períodos electorales.

Santiago Lago, Víctor J. Montes, Alberto Vaquero y Gustavo Rego nos ofrecen una panorámica de las tasas y precios públicos en los ayuntamientos gallegos, de la que deducen la existencia de una especie de “dualismo presupuestario” entre Galicia y el resto de España, que no sería otra cosa que la manifestación particular de un problema más general, repetidamente descrito por la doctrina.

Mª del Carmen Martínez y Alejandro Ballesteros se ocupan, a su vez, de la protección del patrimonio por parte de la Administración Local, estudiando más detenidamente el caso de Santiago de Compostela. Considerando los bienes culturales como bienes públicos, se detienen en sus externalidades potenciales y describen la normativa aplicable .

Toda estructura gubernamental con niveles de gobierno múltiples incorpora en la práctica algún sistema de transferencias. Precisamente a las que con carácter general se realizan a los municipios, reguladas en la Ley 51/2002, se dedica el trabajo del profesor Francisco Pedraja, quien, en colaboración con Javier Suárez, ya se había ocupado críticamente de este tipo de subvenciones. Tras subrayar los inconvenientes derivados de la escasa o inexistente información disponible el Dr. Pedraja analiza el nuevo índice de evolución, el sistema dual de transferencias, la fórmula distributiva de factores múltiples, el sistema híbrido de los municipios turísticos y la compensación del IAE, extrayendo una conclusión no muy positiva de la reforma.

La visibilidad de las cargas y beneficios de los ingresos y gastos públicos de los municipios españoles se incardinan en una línea de investigación muy trabajada por el profesor Miguel Roig. Su aportación está en consonancia con estudios suyos anteriores, continuando con su preocupación por medir lo opuesto a la ilusión fiscal. Un extenso conjunto de conclusiones le lleva a una general: se podrían lograr mejoras asignativas importantes elevando significativamente los valores de la visibilidad, tanto de cargas como de beneficios.

Javier Suárez hace una síntesis muy conseguida de la nueva imposición local, partiendo de la Ley 51/2002 ya citada y del Informe de la Comisión para el Estudio y Propuesta de Medidas para la Reforma de la Financiación de las Haciendas Locales. El profesor Suárez, que se ha convertido por méritos propios en una referencia imprescindible de los estudios sobre financiación municipal en España, cree que la reforma se ha fijado en los instrumentos sin centrar los objetivos, haciendo una valoración negativa.

Alfonso Utrilla aporta su punto de vista acerca del IRPF y la financiación local, tras los cambios normativos de la Ley 51/2002, de 27 de diciembre. Parte para ello del comportamiento territorial del impuesto en España y analiza cuál ha sido su influencia en términos de suficiencia financiera, subrayando las diferencias potenciales en el crecimiento de los recursos que introduce el nuevo sistema.

Jaime Vallés y Anabel Zárate nos ofrecen su visión de las políticas de endeudamiento autonómico, analizando la evolución y el impacto de los llamados Escenarios de Consolidación Presupuestaria, en tanto que mecanismos de coordinación, al tiempo que llevan a cabo un desarrollo econométrico, buscando factores explicativos de los niveles de endeudamiento máximo regionales autorizados o pactados.

Hasta aquí el conjunto de colaboraciones del seminario celebrado en Santiago de Compostela en noviembre de 2003. La AGEESP tiene la firme voluntad de seguir ofreciéndose como instrumento al servicio de los investigadores en economía pública, tanto a través de sus seminarios regulares como de las reuniones científicas periódicas y sus consiguientes publicaciones. En ese sentido, puedo adelantar que las V Jornadas a celebrar en el 2005 estarán dedicadas a la tributación y las políticas energéticas y medioambientales, esperando poder concretar pronto las fechas de celebración. Es un tema que atrae cada vez un mayor número de estudiosos y, desde el punto de vista de las políticas públicas, tiene un indudable interés estratégico.

No me queda más que agradecer a los socios de la AGEESP su probada fidelidad y a mi colaboradora María Cadaval sus desvelos para que, tanto las Jornadas como la presente publicación, hayan llegado a feliz término.

Compostela, año jacobeo 2004

Luis Caramés Viéitez

Presidente de la AGEESP