|
Asociación Galega de Estudios de Economía del Sector Público |
Celebradas en la Escola Galega de Administración Pública (EGAP) en Santiago de Compostela, el 14 y 15 de enero de 1999, trataron sobre el "Gasto Público Autonómico" |
| Sobre la Asociación |
Introducción a las Jornadas |
| Contacte
con nosotros
|
Cuando los españoles nos aprestamos a cambiar de régimen político, mediada la década de los setenta, coexistiendo la entrada en un tiempo nuevo con la voladura controlada del poder franquista, las urgencias constituían el estado natural de nuestro ánimo. queríamos ser, y ya, como los demás. Probablemente fuimos injustos quienes calificamos algunos aspectos de aquel proceso como "apresurados", pues así nos referimos al ritmo de implantación autonómica (Caramés, 1985). Hoy, con la perspectiva que dan los años, quizá resultase conveniente matizar esos juicios, aceptando que es resultado inicial no dibujó un mapa institucional muy distinto del que, en cualquier caso, hubiera posible. Otra cosa es que, a lo largo del proceso, la aduración del sistema no pudiera haber discurrido de modo más sistemático y, sin duda, más estable. |
|
En el terreno concreto del gasto público, España va a vivir un crecimiento tardío e intenso (Alcaide, 1988), ávido de recuperar unos estándares europeos que la hacienda pública de nuestro país no estuvo - secularmente- en condiciones de financiar. A duras penas alcanzaba a suministrar aquellos bienes y servicios que se consideraban indispensables (Fontana, 1980; Tedde, 1981). Entre las propias características de la estructura económica de España - con su marcado atraso, en lugar preeminente - , las guerras coloniales y una burguesía miope, poco se hizo por poner bases modernas a un crecimiento y a una sociedad que se distanciaba significativamente de las adelantadas de su entorno. de hecho, si escribimos una cierta transformación tras la revolución liberal de 1835 el desarrollo posterior a los años sesenta, la evolución del gasto público fue extraordinariamente lenta, en plena coherencia con la propia insuficiencia del sistema tributario (Comin, 1988). Pero había de ser la transición política a la democracia el momento en que los españoles tuvimos la oportunidad de demandar un conjunto de bienes y servicios públicos homologables con los demás países desarrollados. Y algo más; la simultaneidad de este hecho histórico con una crisis económica hasta entonces ignorada, va a hacer que el gasto entre en una dinámica de crecimiento elevado, empujado por el comportamiento de los estabilizadores automáticos y por políticas de transferencias a empresas en dificultades y de jubilaciones anticipadas. En esa dirección se fue caminando, iniciándose un período de déficits públicos crecientes, que habrían de invertirse con la práctica de políticas compatibles con los objetivos de la Unión Económica y Monetaria. La biografía de esos déficits revela una mayor provisión de bienes y servicios queridos por los ciudadanos, pero también todo un cortejo de efectos negativos, del de los conocidos de expulsión real y financiera, hasta los que han influido en la oferta agregada o en la credibilidad de los políticos (Fuentes Quintana, 1985). Cuál haya sido la influencia del proceso de descentralización seguido en España sobre la dinámica del gasto sólo empieza a ser ahora conocida y elaborada de forma todavía parcial o fragmentario. Ni que decir tiene que la propia metodología de los traspasos de competencias, antes ya de las particulares elecciones de gasto de cada Comunidad Autónoma, contenía el embrión expansionista. La evolución del mal llamado sistema de financiación autonómica ofreció justificaciones legítimas, al lado de contadas espúrias, para el endeudamiento creciente. Y no debe olvidarse que no siempre los gastos financiados con deuda tienen efectos macroeconómicos positivos o faorecen la equidad intergeneracional (Caramés, 1998), desempeñando también su papel - con probable influencia en la expansión del gasto - la ilusión fiscal (Monasterio y Suárez, 1993). Muy oportunos han resultado los acuerdo de consolidación fiscal entre Comunidades Autónomas y el Estado. Sin embargo, y aun a riesgo de enunciar presuntas obviedades, debería subrayarse que la búsqueda de la eficiencia es insoslayable ; que la evaluación de la rentabilidad social e los proyectos a realizar y la planificación económico-financiera en la que aquellos se han de enmarcar han de estar en una auténtica estrategia, permitiría liberar y asignar recursos hacia aquellas líneas de gasto cuya potencialidad en términos de crecimiento, está fuera de toda duda. Nos referimos - también en el ámbito presupuestario y político de las Comunidades Autónomas-, a las prioridades del gasto en infraestructuras capital humano e I+D. Reiterando lo que hemos escrito en otro lugar, "la distancia en el nivel de productividad se separa a las economías regionales españolas de los llamados "países frontera" les ofrece unas posibilidades de imitación y adopción de tecnologías nada despreciables. Sin embargo, está demostrado que el aprovechamiento de este potencial de "caching up" sólo caching está al alcance de aquellas economías que disponen de capacidad para organizar el cambio. Si perseveramos en la actual reducción de sus déficit tecnológico, educativo e infraestructural, las opciones de convergencia a argo plazo aumentarán notablemente" (Caramés y Lago, 1999). Por ahí, a nuestro juicio, deberían ir las decisiones de gasto estratégicas de las Comunidades Autónomas. El entender esto no sólo importante en lo relativo a sus efectos positivos contrastado, sino también una elección inteligente en un contexto tan restrictivo como el que marca el pacto de estabilidad. Las aportaciones presentadas a las Terceras Jornadas de la Asociación Galega de Estudios de Economía do Sector Público (AGEESP), tuvieron como idea central el Gasto Público Autonómico. Con tanto tesón como modestia, la AGEESP prosigue su costumbre de convocar - con periodicidad menos regular de la querida - , a todos aquellos investigadores interesados en la economía pública. Al éxito obtenido en las reuniones precedentes - contrastado objetivamente a través del número de participantes y por la divulgación en los ámbitos académicos de las publicaciones producidas - se ha añadido la aparición de un volumen que recoge todas las intervenciones, con la misma vocación que los anteriores: dar fe de la vitalidad del área de interés científico que nos ocupa y ofrecer al mundo universitario y a la sociedad en general el resultado de nuestro trabajo. Las colaboraciones prestadas en estas Jornadas se pueden agrupar en tres apartados: aquellas que se refieren al gasto público autonómico de modo esencial; otras que discurren en torno a los problemas de control y por último, una serie miscelánea que contiene trabajos que se relacionan con el gasto de forma colateral. Así, en el primer grupo, el profesor Corona, de la Universidad Internacional de Cataluña, aun considerando que la teoría ortodoxa del federalismo fiscal supone una buena defensa de los sistemas descentralizados, subraya en su ponencia la puesta en cuestión del planteamiento convencional por la teoría normativa de la Public Choice. A su juicio, sólo combinando esa teoría y el enfoque positivo de la elección colectiva, es posible aproximarse a los factores explicativos del crecimiento del gasto público global, destacando el "efecto flypaper" en los sistemas que se basan fundamentalmente en las transferencias. Con la misma inspiración metodológica, los profesores Álvarez, de la Universidad de Oviedo, consideran insuficiente la teoría normativa del federalismo fiscal para explicar el incremento del gasto público autonómico y tratan de aportar ideas desde la economía política constitucional, concluyendo con los resultados de un estudio de coste transversal, referido al año 1993, que a su juicio refrenda las hipótesis de Brenan y Buchanan. Matilde Mas, del Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas, partiendo de la descripción de los rasgos básicos de la acumulación de capital en la economía española, y tras resumir algunos trabajos sobre la capitalización de las regiones, pone en perspectiva la estrategia de crecimiento seguida por las CC.AA., con la ayuda de los fondos FEDER. La Dra. Mas evidencia en esta colaboración que la política de infraestructuras es la que recibe mayor atención, seguida del apoyo a las empresas. Luis Caramés y Santiago Lago, de la Universidad de Santiago de Compostela, discuten la validez de las teorías asentadas en la literatura sobre el crecimiento del sector público a la hora de explicar el gasto autonómico. Y encuentran que en la dinámica del gasto de la CC.AA. se reflejan con nitidez las reglas de evolución y reparto de competencias, con una sobrevaloración del peso de la capacidad política frete a los criterios sugeridos por la teoría de la hacienda pública. Contando, pues, con este condicionamiento, concluyen que la contratación de modelos al uso poco puede aportar a la comprensión de la dinámica presupuestaria autonómica, aunque la estabilización del reparto de competencias y la profundización en la autonomía financiera por el lado de los recursos, abrirán nuevas perspectivas. Los mismos autores analizan los efectos de la inversión pública sobre la productividad y el crecimiento económico de las regiones españolas, con especial referencia a la asignada por las haciendas autonómicas. En el marco de funciones de producción agregadas, desarrollan el trabajo empírico, entre cuyas conclusiones - al reflexionar acerca de la robustez de los resultados - admiten la persistencia de problemas sin resolver, interrogantes sin responder y cuantificaciones sin precisar. En este sentido, se muestran partidarios de profundizar en el conocimiento de las diferencias en el stock de capital público de las regiones, así como en el estudio de los determinantes de la inversión en capital productivo privado en el ámbito regional. El profesor González Temprano, de la Universidad Complutense, subraya que una de las características más relevantes del gasto social es su progresiva descentralización, constituyendo - al igual que en el Estado - una partida hegemónica. Pasa también revista a la distribución funcional de ese gasto, con especial atención al destinado a Educación, Sanidad y Vivienda. Los profesores Sánchez Maldonado y Gómez- Sala, de la Universidad de Málaga, exponen por su parte las características más sobresalientes de los Presupuestos andaluces para el período 1983-99, que son crecientes hasta 1992 y se moderan después, en consonancia con la estabilización de los traspasos de competencias. En cualquier caso subrayan que el gasto público autonómico per cápita prácticamente se triplica en ese período, en términos reales, creciendo también la participación relativa del gasto autonómico en la economía de la Comunidad. En general, contemplan bastantes aspectos positivos de esta dinámica y resaltan, desde un punto de vista funcional, el claro predominio del gasto social. En cuanto a la inversión pública, el gasto en infraestructuras ha sido una constante en los Presupuestos andaluces, todo ello ligado a políticas orientadas al crecimiento. La Dra. Berta Rivera, de la Universidad de A Coruña, trata de medir la desigualdad en el estado de salud, al tiempo que lleva a cabo una descripción de la distribución del gasto sanitario en las Comunidades Autónomas. Sobre la misma línea de gasto incide el Dr. Moldes, de la Universidad de Santiago de Compostela, quien, tratando específicamente el caso de Galicia, destaca el incremento de los gastos corrientes en bienes y servicios, apreciando también un elevado esfuerzo en cuanto a la inversión sanitaria, superior -a su juicio- al de cualquier otra Comunidad, valorando positivamente la asunción de competencias. El profesor Fernández Leiceaga, de la Universidad de Santiago de Compostela, expone en su ponencia un conjunto de reflexiones en torno a los gastos públicos en salud y en pensiones, deteniéndose en el caso gallego y presentando una pluralidad de escenarios demográficos para el intervalo 1996-2026. El gasto público destinado a políticas de incentivos y promoción económica, es tratado por los profesores Ballesteros y Martínez, señalando algunos puntos que consideran débiles, tales como el excesivo discrecionalismo en la concesión de ayudas, el elevado ratio inversión/empleo, que redunda en actividades intensivas en capital y la primacía otorgada a las provincias de A Coruña y Pontevedra. Entre los aspectos positivos llama su atención el gran impulso dado a la internacionalización de las empresas. La aportación del Dr. Roig se dedica a aspectos de "visibilidad", línea de investigación muy cultivada por el profesor de la Universidad de Valencia, quien estima que los valores de visibilidad de los beneficios del gasto público son demasiado bajos, si bien no lo son tanto como los de la carga de los ingresos públicos, especialmente en España. Es de desear un perfeccionamiento de esta metodología y una mayor atención a su aplicabilidad en el nivel autonómico. Los aspectos de control son abordados por las profesoras Laura de Pablos y Aurelia Valiño, de la Universidad Complutense, y por el Dr. Constenla, profesor santiagués y Conselleiro del Consello de Contas de Galicia. De Pablos y Valiño, estudian hasta que punto el Presupuesto ha funcionado como instrumento de control del gasto órgano fiscalizador supremo. Francisco Constenla, por su parte, llama la atención acerca de la escasa influencia de las denuncias del Tribunal de Cuentas en la corrección de determinadas prácticas. "La función fiscalizadora - escribe - quedará incompleta mientras no se diseñe un marco político suficiente para exigir las responsabilidades en las que puedan incurrir los gestores de fondos públicos (...) El Estado financiará siempre los déficits y la responsabilidad de la gestión terminará diluyéndose políticamente". Dentro del grupo misceláneo de trabajos aporta el Profesor González de la Universidad de Vigo, un estudio sobre el empleo público, considerando de interés investigar este tema, ya que la mayoría de los servicios públicos son intensivos en trabajo y las mejoras de eficiencia han de pasar por el mejor uso de ese factor. La descentralización alimentó un proceso de expansión de la burocracia, con una decisiva incorporación de la mujer. En su aportación se identifican algunos aspectos tales como rigideces en los procesos de selección, retribución, promoción, etc., que puedan constituir un freno al impulso de comportamientos eficientes. Los profesores Molina y Jaén, de la Universidad de Almería, a través de un análisis de incidencia del gasto público, estudian la redistribución de la renta en el caso andaluz. Una de sus conclusiones más sobresalientes señala la aportación positiva del gasto público en servicios sociales a la disminución de la desigualdad. Por su parte, el Profesor Gradín , de la Universidad de Vigo, sofisticando este tipo de análisis, se detiene en el hecho de que mejoras en la desigualdad podrán ocultar un empeoramiento de la distribución en cuanto a la conformación de grupos. La poralización aparecería así como el grado en que en una distribución se presentan grupos homogéneos internamente, pero lejos unos de otros. Destaca Gradín que en la década de los ochenta - mayor crecimiento económico y descentralización - "se produce un incremento de la bipolarización territorial, al crecer más rápido el gasto de las zonas más ricas". Merece también subrayarse entre sus conclusiones que es la educación la variable que mayoritariamente explica la bipolarización actual. El Profesor Joan Pasqual y la Profesora Guadalupe Souto de la Universidad de Barcelona centran su atención en un tema tan actual como los problemas del medio ambiente, desprendiéndose de su argumentación que las regiones tienen un papel no desdeñable en el diseño y la implementación de políticas ambientales. El Profesor Eduardo Brandés, de la Universidad de Zaragoza y hoy consejero del Gobierno aragonés, estudia el reto que supone hacer compatibles los principios de autonomía y responsabilidad fiscal con los de solidaridad y equidad, en orden a la articulación territorial del Estado de Bienestar en el futuro. Javier Suárez, de la Universidad de Oviedo, y Pedraja, de la Universidad de Extremadura, aportan algunos criterios para la reforma del sistema de subvenciones generales e incondicionales en la hacienda subcentral. En su trabajo proponen una fórmula alternativa a la vigente, incorporando la población como único indicador de necesidad de gasto, suavizando el error de salto entre tramos e incluyendo un indicador de capacidad fiscal en sustitución del índice de esfuerzo actual. El Dr. Vázquez Taín, de la Universidad de Santiago, hace un repaso de la situación de la hacienda local en Galicia, deteniéndose luego en el comentario de las transferencias de la Comunidad Autónoma a las Corporaciones Locales y en la política de inversiones. Entre sus conclusiones subraya rasgos ya bien conocidos, como son el raquitismo presupuestario de la hacienda local gallega y su dependencia financiera. Este es es contenido, apretadamente resumido, de un volumen sin duda interesante, tanto por el tema central en torno al que giran las distintas contribuciones, como por la diversidad de enfoques. Su realización es deudora del cariño con que la iniciativa fue acogida por la Escola Galega de Administración Pública y, muy especialmente por su Director, el Profesor Bello Janeiro. Los desvelos del Dr. Santiago Lago para llevar a cabo esta empresa y la buena disposición para el trabajo de secretaría de Ana Sanjurjo fueron ayudas - y no las menores- que empujaron la tarea. Para todos ellos, en nombre propio y en el de la AGEESP, gracias. Luis Caramés Viéitez
|
|
| Socios patrocinadores | Participaron como ponentes |
|
|
|